Investigación, desarrollo e innovación son conceptos que, hablando de sostenibilidad, sólo cobran sentido real cuando se convierten en hechos. Ninguno de los tres -ni siquiera los tres juntos- solucionan por sí solos los problemas ambientales, sociales y económicos que requiere el progreso en términos de desarrollo sostenible, pero lo cierto es que la I+D+i tiene mucho que aportar en términos de sostenibilidad.

Siendo cierto que la manera de conseguir sistemas sostenibles pasa primeramente por modificar los modos de vida y las actuales pautas de consumo, también lo es que la tecnología continúa desarrollando un papel fundamental para solventar los problemas ambientales, sociales y de salud. La I+D+i, desde este punto de vista, puede proporcionar unos beneficios específicos para una sociedad que busca resultados cada vez más concretos.

En una sociedad global, los países que avanzan en I+D+i suelen ser líderes, especialmente si están dotados de mecanismos adecuados para hacer llegar con fluidez la investigación y la tecnología que se desarrolla en las universidades y centros de investigación a la ciudadanía y a las empresas, que son, finalmente, quienes pueden hacer uso de ella.

La innovación y la tecnología constituyen un eje fundamental para la competitividad de las empresas. Al fin y al cabo, son las que proveen a la sociedad de soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida de las personas, lo que redunda en un diseño social donde el desarrollo sostenible puede ser una realidad.

Un dato para medir el progreso científico de un país o su grado de competencia lo aportan las estadísticas sobre el número y entidad de las organizaciones que se dedican a I+D. Algunas mediciones habituales son: presupuestos destinados a I+D, número de patentes presentadas o publicaciones científicas.

Según la Nacional Science Fundation, el país que invierte más dinero en I+D sigue siendo Estados Unidos, y esa cantidad supone más que la suma del resto de los países del G8. Aunque esta inversión está declinando en los últimos tiempos, representa un 2,57% del Producto Interior Bruto (PIB) del país y está por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De cerca le sigue Alemania, con un 2,51%, mientras que Corea del Sur y Suiza, con un 2,99% y un 2,93% respectivamente, ya sobrepasan al gigante norteamericano.

Para que la I+D+i contribuya a una sociedad más sostenible, también debe tener en cuenta ciertos criterios de responsabilidad ética en su desarrollo. Debe responder a enfoques estratégicos que tengan como fin la renovación de sistemas, que se centren en las causas y no en los síntomas, que usen el principio de precaución y no el de compensación, y que apliquen valores éticos y de sensibilización, consciente de que sus actuaciones y progresos tendrán consecuencias más allá de los tiempos actuales. En cualquier caso, el desarrollo de nuevas áreas de tecnologías, como la biotecnología, las nanociencias o las telecomunicaciones, abre la posibilidad de estimular saltos radicales en la mejora de la ecoeficiencia de los procesos productivos actuales, de manera que permitan avances hacia la sostenibilidad. En este punto se hace muy necesaria la aplicación de los valores éticos, ya que todavía no es posible evaluar los riesgos de la aplicación de algunas nuevas tecnologías.

Una de las áreas de investigación que la comunidad científica internacional considera como una de las más innovadoras y ambiciosas entre los proyectos de la ciencia moderna es la nanotecnología, un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a escala de átomos y moléculas, es decir, a un nivel menor que un micrómetro. "Nano" es un prefijo griego que indica una medida, no un objeto.

Así pues, la nanotecnología se caracteriza por ser un campo multidisciplinar cohesionado por la escala de la materia con la que trabaja. Las nanotecnologías, aunque poco conocidas aún por la sociedad, podrán probablemente aportar soluciones a múltiples problemas ambientales, como los relacionados con el almacenamiento, producción y conversión de energía, tratamiento de aguas, corrección de la contaminación atmosférica, etc. También podrán aportar soluciones a los problemas de nuestro entorno natural otras tecnologías en experimentación, como el desarrollo de nuevas energías renovables, las pilas de hidrógeno (transporte), la fusión nuclear o los satélites de observación de la Tierra.

En su sentido más amplio, los indicadores son medidas que sintetizan situaciones sobre las cuales interesa conocer su evolución en el tiempo. Se elaboran para responder a preguntas determinadas, a partir de los datos disponibles, y permiten el análisis de resultados, establecer comparaciones, etc., así como identificar problemas y disparidades o estudiar tendencias.

En el caso de los indicadores de sostenibilidad, nos referimos a parámetros con unidades de medida específicas, que permiten conocer la situación social, económica y medioambiental del ámbito de estudio. Dichos instrumentos suponen un modo de simplificar una realidad compleja, centrándose en ciertos aspectos relevantes, de manera que queda reducida a un número manejable de parámetros.

Los indicadores de sostenibilidad tienen el objetivo de dar a conocer una determinada situación y su evolución, hacer posible la comparación entre situaciones o ámbitos de estudio diferentes, disponer de un marco de referencia que permita priorizar las actuaciones adecuadas para avanzar hacia las metas previstas y contar con herramientas para el seguimiento del cumplimiento y los efectos derivados de la toma de decisiones.

Sin embargo, no existe demasiada claridad con respecto a indicadores que midan de manera precisa la sostenibilidad de una situación y puedan proporcionar datos a quienes deben tomar decisiones para definir acciones y objetivos. En los últimos años, una de las cuestiones relativas a este ámbito que más preocupan es si realmente se siguen pautas de sostenibilidad, es decir, si se cuenta con indicadores que alerten sobre la evolución positiva o negativa del proceso. El desarrollo de estos indicadores se encuentra entre los proyectos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para la que el desarrollo sostenible constituye desde hace años una de sus actividades clave.

Por ello, este organismo elaboró, durante la década de los noventa, una serie de indicadores conforme a una propuesta metodológica, recogida en el modelo "estado-presión-respuesta": de acuerdo con ello, las acciones humanas producen presiones sobre el medio (el impulso), lo que provoca un cambio en la calidad y cantidad de los recursos naturales (el estado). Dichos cambios pueden observarse a través de sus efectos sobre la salud ambiental, ante lo cual la sociedad adopta una respuesta.

El modelo expuesto ha encontrado una gran difusión, debido, sobre todo, a que se adapta bien a los elementos que se deben tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones, ya que marca los límites de la sostenibilidad política y pública con respecto a los problemas, más que a sus posibilidades de definir los estados del sistema, por lo que se pueden prever así sus comportamientos futuros.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) defiende que los accidentes y enfermedades en el entorno laboral pueden y deben ser prevenidos. Considerando la probabilidad que tiene un trabajador de sufrir una lesión durante el desempeño de su actividad, cobran importancia los denominados "informes de frecuencia", que cuantifican la accidentalidad y su evolución a lo largo del tiempo. El concepto de salud en el ámbito laboral comprende el estudio de aquellos elementos que, en el entorno laboral, pueden causar enfermedades o lesiones. Según se pone de manifiesto en el marco del II Congreso Europeo de Seguridad y Salud en el Trabajo, la siniestralidad no deriva de una carencia legislativa, sino más bien de la carencia de una actuación más integrada de las empresas para extraer toda la eficacia al actual marco normativo. En este contexto, y como estrategias para combatir esta lacra, cobran una creciente importancia el diálogo social y la formación de los trabajadores, junto a una nueva concepción del trabajo, basada en la cultura de la prevención.

Las normas más avanzadas insisten en que la prevención de riesgos laborales debe integrarse dentro del sistema general de gestión de la empresa, comprendiendo el conjunto de las actividades y todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.

En el contexto de la responsabilidad de las empresas hacia la seguridad y salud de sus trabajadores, la elaboración de índices de frecuencia constituye una aportación adicional. El empresario organiza los recursos necesarios para el desarrollo de actividades preventivas de diversas formas: asumiendo personalmente dicha actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, mediante la constitución de un servicio de prevención propio o recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

A medida que avanza el desarrollo de un país, se produce una desviación ocupacional de los sectores que reportan mayor siniestralidad, como es el caso de la agricultura y la industria, hacia los servicios, lo que provoca un descenso natural en la tasa de siniestralidad. 

Uno de los indicadores de sostenibilidad más importantes de una empresa es el "informe de gravedad". Sin soslayar los daños producidos sobre las personas que sufren los accidentes, se calcula que la pérdida en el Producto Interior Bruto en el mundo derivada de las muertes, lesiones y enfermedades en el trabajo equivale al 4% mundial.

Las empresas integrantes en el Pacto Mundial de Naciones Unidas comparten la búsqueda de un mercado global más estable, equitativo e incluyente, en el seno de una sociedad más próspera. Parte de ese compromiso es la responsabilidad de hacer respetar los derechos humanos tanto en los lugares de trabajo como en su esfera de influencia más amplia, comenzando por el derecho a la propia vida y a la integridad física.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha institucionalizado el día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, que se celebra el 28 de abril de cada año, para promover la creación y mantenimiento de una cultura en esta dirección. Dicha fecha recoge la tradición norteamericana que establece una jornada dedicada a la memoria de los trabajadores muertos o heridos.

La OIT estima que, dentro del ámbito laboral, en el año 2005 el número de accidentes mortales rebasó la cifra de 350.000, mientras que el número de muertes derivadas de enfermedades relacionadas con el trabajo rondó los dos millones. La Unión Europea ha dado un paso más en este aspecto al recoger, dentro del cómputo general, los accidentes in itinere (aquellos sufridos por el trabajador en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa) dentro de la lista de accidentes de trabajo.

Una de las obligaciones más importantes del deber del empresario respecto a la protección eficaz de los riesgos laborales es la de implementar un sistema de prevención, de cuya planificación y ejecución ha de hacerse cargo.

Número de accidentes en jornada de trabajo con baja por cada 1.000.000 de horas trabajadas. Se toma como referencia a los afiliados a los distintos regímenes de la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo cubierta y la jornada media por trabajador.